martes, 3 de noviembre de 2009


‘No es necesario reformar las leyes’

El director nacional de la Defensoría Pública Penal, Ernesto Pazmiño, es uno de los pocos funcionarios que administran justicia que se opone a las reformas penales planteadas a la Asamblea Nacional como una respuesta para enfrentar el incremento de delitos.

“No es necesaria la reforma al Código de Procedimiento Penal. Lo que es necesario es armar una gestión administrativa adecuada para que los jueces y fiscales resuelvan inmediatamente las causas”, dijo Pazmiño.

El funcionario se preguntó por qué los fiscales y los jueces penales no aplican el procedimiento abreviado que consta en las reformas a ese cuerpo legal que aprobó el ‘Congresillo’ y que están en vigencia desde marzo.

Destacó que esas reformas incorporan la oralidad en todas las etapas del proceso, en especial en la de investigación, beneficiando a las víctimas con juicios ágiles y respuestas oportunas.

“Apliquemos los acuerdos reparatorios, utilicemos las salidas condicionadas (de los detenidos), apliquemos los procedimientos especiales para que un juicio por robo de un celular se resuelva en 24 ó 48 horas”, comentó el funcionario.

Pazmiño acotó que “eso es lo que quiere la ciudadanía, juicios y respuestas rápidas de los juzgados, de los fiscales, que apliquen las reformas de marzo, que permite eso”.

Las declaraciones de Pazmiño se producen en momentos en que varios sectores políticos representados en la Asamblea Nacional, incluido el oficialismo que controla el organismo legislativo, planteó una serie de reformas penales con el objetivo de combatir la acción de grupos de antisociales que actúan en varias ciudades del país.

Con el objetivo de enfrentar a estos grupos organizados, el Gobierno Nacional dispuso que las Fuerzas Armadas se sumen a los operativos de control.

Comentario: a diario se conoce a través de los mass-media la gran cantidad de delitos cometidos en todo el país obviamente aquellos que son denunciados, millones de personas al ser victima de algunos delincuentes no solo pierden sus pertenecías físicas recuperables, sino q en ocasiones un hecho así produce en el atacado traumas psicológicos imborrables. Millones de asaltos a mano armada no son denunciados porque para hacerlo se necesitan pruebas fehacientes del ataque, caso contrario el acusado es libre y no ha cometido delito alguno según las leyes a las que tenemos que regirnos lamentablemente.

Contradigo mucho la posición de Pazmiño ya que es primordial reformar las leyes actuales y su entorno pero es mucho más indispensable restaurar o implementar leyes que ayuden a los delincuentes comunes para que se inserten poco a poco a la sociedad sin olvidar hacer cumplir el derecho a la justicia. El Gobierno debería buscar alternativas como eliminar el aparato burocrático que tiene mas de 60 ministerios incompetentes, he invertir dinero en pro de causa que beneficien al pueblo ecuatoriano.

Raquel Lincango