El debate de la Ley de Comunicación fue postergado
Antes de salir del horno, el proyecto de Ley de Comunicación causó las primeras indigestiones en Alianza País. En septiembre y octubre pasados, la Comisión Ocasional de la Asamblea mantuvo a fuego lento el debate, con la participación de algunos grupos sociales. Pero, en noviembre subió la temperatura cuando le tocó definir el principal objetivo de la ley: la regulación de la prensa.
No obstante, varias violaciones a principios constitucionales y a tratados internacionales sobre la libertad de expresión minaron el proyecto. Los problemas fueron señalados expresamente por diversos organismos, entre ellos la Unesco y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. “El proyecto deber ser cuidadosamente revisado a la luz de estándares definidos por los órganos regionales de protección de DD.HH. de las Américas”, indicó el martes pasado la relatora de la CIDH, Catalina Botero, al alertar los peligros de la propuesta legislativa. Las discrepancias con el proyecto incluso salieron a flote entre los legisladores de Alianza País.
En la bancada oficialista el discurso no pudo mantener su acostumbrada solidez. Eso pese a que el sábado pasado, el presidente Rafael Correa pidió a los asambleístas de su movimiento no “dar un paso atrás” en la elaboración de la ley, para controlar a la prensa.
Pero, los vacíos del proyecto fueron evidenciados, incluso, por quienes participaron en la redacción del informe. Con los días, las fisuras se profundizaron: en su habitual sesión semanal del lunes, los legisladores de País no lograron ponerse de acuerdo y tampoco tuvieron el respaldo de sus aliados: el ADE y del MPD. (Fuente: El Comercio)
Comentario: A propósito de la ley de la comunicación, se mantiene en el centro del debate qué se puede regular de manera concreta en una ley sobre la comunicación. Muchos centran sus esfuerzos en la comunicación mediática, por tanto, medios de comunicación (en especial la prensa); sin embargo, la comunicación regula de manera general la interacciones humanas. En cuanto a esto, nos preguntamos inevitablemente si el gobierno perseguirá nuevas técnicas políticas para el control de nuestros comportamientos no verbales, tanto como de nuestra palabra.
Por otra parte, en esta ley vislumbramos una clara intención de oponerse a otro poder del estado: los medios masivos de comunicación, que como bien sabemos todos han servido históricamente a la clase dominante. En esta medida, el esfuerzo del presidente es digno de respeto por cuanto intenta desarticular los bloques históricos de poder. En definitiva, ¿la regulación de la comunicación es una regulación de los medios?
Una tarea pendiente de nosotros como ciudadanos es analizar qué tipo de control se persigue, y si no se trata una vez más (al menos en ciertos incisos) de la odiosa disciplina impuesta desde la institucionalidad. Que el asunto no se postergue más ni en la conciencia ciudadana ni en la asamblea.
Gustavo Betancourth y Adrián Gudiño.
No obstante, varias violaciones a principios constitucionales y a tratados internacionales sobre la libertad de expresión minaron el proyecto. Los problemas fueron señalados expresamente por diversos organismos, entre ellos la Unesco y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. “El proyecto deber ser cuidadosamente revisado a la luz de estándares definidos por los órganos regionales de protección de DD.HH. de las Américas”, indicó el martes pasado la relatora de la CIDH, Catalina Botero, al alertar los peligros de la propuesta legislativa. Las discrepancias con el proyecto incluso salieron a flote entre los legisladores de Alianza País.
En la bancada oficialista el discurso no pudo mantener su acostumbrada solidez. Eso pese a que el sábado pasado, el presidente Rafael Correa pidió a los asambleístas de su movimiento no “dar un paso atrás” en la elaboración de la ley, para controlar a la prensa.
Pero, los vacíos del proyecto fueron evidenciados, incluso, por quienes participaron en la redacción del informe. Con los días, las fisuras se profundizaron: en su habitual sesión semanal del lunes, los legisladores de País no lograron ponerse de acuerdo y tampoco tuvieron el respaldo de sus aliados: el ADE y del MPD. (Fuente: El Comercio)
Comentario: A propósito de la ley de la comunicación, se mantiene en el centro del debate qué se puede regular de manera concreta en una ley sobre la comunicación. Muchos centran sus esfuerzos en la comunicación mediática, por tanto, medios de comunicación (en especial la prensa); sin embargo, la comunicación regula de manera general la interacciones humanas. En cuanto a esto, nos preguntamos inevitablemente si el gobierno perseguirá nuevas técnicas políticas para el control de nuestros comportamientos no verbales, tanto como de nuestra palabra.
Por otra parte, en esta ley vislumbramos una clara intención de oponerse a otro poder del estado: los medios masivos de comunicación, que como bien sabemos todos han servido históricamente a la clase dominante. En esta medida, el esfuerzo del presidente es digno de respeto por cuanto intenta desarticular los bloques históricos de poder. En definitiva, ¿la regulación de la comunicación es una regulación de los medios?
Una tarea pendiente de nosotros como ciudadanos es analizar qué tipo de control se persigue, y si no se trata una vez más (al menos en ciertos incisos) de la odiosa disciplina impuesta desde la institucionalidad. Que el asunto no se postergue más ni en la conciencia ciudadana ni en la asamblea.
Gustavo Betancourth y Adrián Gudiño.
